Aparece publicada en el diario regional extremeño “Hoy” esta carta de mi amigo Carlos Cabanillas.

No hay derecho que un profesional de su categoría y dedicación a mejorar la calidad de la enseñanza en España sea tratado así. ¡ Todos con Cabanillas ! , si ingresara en prisión ruego se le facilite un portátil con conexión wifi para que podamos continuar nuestra obra maestra.

La carta dice así:

 El señor juez don Pedro Márquez Rubio, del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almendralejo, acaba de considerarme penalmente responsable de la falta de injurias contra un alumno de mi centro basándose en el testimonio exclusivo de dos alumnos, el denunciante -cuyo expediente disciplinario, con navajas incluidas, apenas cabe en mi fichero- y un colega suyo. Asumo socráticamente la sentencia, lo cual no me impide expresar mi parecer, por si pudiera ser de interés para éste y otros magistrados que a partir de ahora, a buen seguro, se van a ver metidos en zarandajas semejantes.En primer lugar, me resultó chocante, por no emplear un término más agresivo a la vez que pertinente, escuchar en la radio, el mismo día en que recibí la notificación de mi sentencia, que un juez de Badajoz había absuelto a un ex marido que había amenazado de muerte a su ex esposa, por considerar que tales amenazas se habían producido en un estado de ira y desasosiego. ¿Vaya! Una absolución de una acusación de amenaza de muerte, y a mí me condenan por unos hechos que el propio juez califica “de escasa entidad”, una falta de injurias contra un alumno cuyos padres se empeñan en mantenerlo matriculado en el centro año tras año (desde 2004 -año en que se produjeron los hechos- hasta hoy), a pesar del trato vejatorio y humillante que supuestamente ha sufrido. Comprenderán que en ese momento me acordase del concepto de agravio comparativo. Pero, ya digo, asumo socráticamente la sentencia.

En segundo lugar ruego al señor juez, y a los que en el futuro pudieran venir, que ponga el mayor cuidado en el juicio de actos que a él le parecen “de escasa entidad”. Evidentemente, el señor juez desconoce, rodeado como está de agentes de seguridad, cuál es la situación de nuestras aulas. De haberlo sabido, se habría guardado muy mucho de dar pábulo a extravagancias de unos chicos ya demasiado consentidos por sus padres, y a los que, según parece, los docentes somos los únicos que intentamos poner freno, con éxito desigual y nulo apoyo, ni por parte de la administración educativa ni por parte -ahora lo acabo de descubrir- de la administración de justicia.

Ya les digo, asumo socráticamente la sentencia. Y, añado, no tengo la mínima intención de modificar un ápice mi conducta: seguiré procurando que, si un día el hijo del señor juez, si es que lo tuviere, diera con sus huesos en mi centro, no tuviera que sufrir en el aula la presencia de compañeros navajeros que se atreven a amenazar abiertamente a sus profesores.